Cuando ser magistrado era la mayor dignidad

Recuerdo mis primeros años en la Facultad de Derecho, cuando llenos de juventud, los que asistíamos a las aulas soñábamos con ser grandes juristas. Era constante reiterar en broma que llegaríamos a ser magistrados de la Corte Constitucional. O al menos ese era mi sueño (antes de verme seducida por esta magia que es el Periodismo), pues significaba entonces la mayor dignidad a la que podía aspirar un estudioso del Derecho.

Pero cuando uno ve que la silla de nuevo magistrado de la Corte Constitucional la ocupará Alberto Rojas, un abogado cuestionado por presuntamente haberse quedado con el dinero de una millonaria indemnización que fue pagada a su cliente y que también “olvidó” incluir una abultada suma en su declaración de renta, entiende que ya no queda nada de la dignidad de ser magistrado de esta alta Corte.

Cuando se supone que ocupar tal magistratura significa el mayor reconocimiento a quien por su amplio bagaje jurídico merece estar allí, asistimos a una posesión de magistrado a puerta cerrada, que no duró más de cinco minutos, y en la que se prohibió la asistencia de los medios de comunicación. ¡Qué tristeza!, como si se tratara de algo oscuro y subrepticio.

Qué lejos estamos de aquellas épocas donde los magistrados eran respetados y honorables juristas, que solo estaban allí para impartir justicia, lejos de páginas sociales y cocteles políticos, y mucho más de titulares de prensa que cuestionaran su dignidad, como tristemente ocurre ahora con muchos.

Por supuesto que hoy hay muchos que están allí por su conocimiento y por merecimiento, pero la inclusión de magistrados-políticos, que poco a poco ha ido ocupando a las Altas Cortes, hace que tal dignidad vaya cayendo en la escala del respeto.

Muchos dicen que la última Corte que representó la verdadera dignidad de la magistratura fue la que murió calcinada bajo las infames llamas de la toma del Palacio de Justicia. Yo no lo creo tanto así, pues muchos maestros llegaron después a ocupar la magistratura. Pero parece que ya quedan pocos de esta especie y que nos acercamos a la extinción de la dignidad de ser magistrado de una Alta Corte de Justicia.

Los hijos son de las mamás

“Los hijos son de las mamás”

 

Hay un dicho popular según el cual “los hijos son de las mamás”.  La expresión hace referencia a que pase lo que pase, con papás presentes o ausentes, finalmente son las mamás quienes terminan haciéndose cargo de los hijos, atendiendo sus tareas, llevándolos al médico, pero sobre todo asumiendo la responsabilidad económica, que debería estar soportada en los hombros de dos: padre y madre.

Y  parece que este dicho tan popular también les parece válido a conciliadores y jueces de familia, que son los encargados de fijar cuotas alimentarias a favor de los menores, cuando uno de los padres no está cumpliendo con su obligación. Generalmente el incumplido es el padre.

Es una escena común ver a mamás con sus hijos en brazos, buscando encontrar en estos centros de conciliación o juzgados de familia el alivio a una situación desigual: son ellas quienes terminan haciéndose cargo de los hijos y acuden a estos centros, para que se aplique la ley y los padres asuman la responsabilidad que les corresponde.

Pero al llegar allí, el alegato es el mismo: que no tienen trabajo, que solo ganan un mínimo, que hay más hijos, mejor dicho, que es imposible responder porque no tienen cómo. Y la justicia, ante esto, no tiene más remedio que fijar irrisorias cuotas de alimentos de 50 mil u 80 mil pesos o generosísimos montos que apenas sobrepasan los 100 mil pesos. Eso más el compromiso de entregar dos mudas de ropa al año, que jamás se entregan, y de asumir el 50% de la educación, que por supuesto menos se cumple.

Lo curioso de esto es que esas mamás tampoco tienen trabajo, o si lo tienen también ganan un mínimo, y también tienen más hijos y aun así logran conseguir “de dónde sea” para alimentar a sus hijos, darles estudios, vestirlos y sacarlos adelante. La gran pregunta es ¿por qué las mujeres sí son capaces de hacerse cargo de sus hijos y de asumir la responsabilidad frente a su crianza mientras que muchos hombres no lo hacen? ¿Será que son más capaces de conseguir salarios mejores o más ingresos? No, lo que pasa es que nos acostumbramos a que los padres sean irresponsables frente a sus hijos y ni si quiera nos asombra que una mujer se “rompa el lomo” buscando el sustento, mientras el hombre solo dice: “es que no tengo plata”…. Es que, al fin y al cabo, “los hijos son de las mamás”. 

 

 

¿A nadie más le indigna?

Parece que los santandereanos hubieramos perdido la capacidad de indignarnos. Que en algún momento de la historia, esa fuerza de revelarnos contra las injusticias, que llevó a todo un país a la libertad, se hubiera diluido y, en su reemplazo, se hubiera gestado una raza que ve pasar por el frente los desmanes de la administración y no reacciona.

O al menos eso pareciera cuando en la ciudad ocurren cosas tan absurdas como nombrar de Subdirector Financiero de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga a una persona contra quien cursan más de 10 procesos en contra de toda índole y, del Alcalde para abajo, a nadie parece indignarle.

No se entiende cómo se sostiene en el cargo, en una entidad que debe responder por uno de los problemas más críticos de la ciudad y que está acéfala por la terquedad del Alcalde, a una persona que tiene todas esas investigaciones, precisamente por el presunto manejo irregular de dineros que hizo cuando se desempeñó como Director Financiero de las Unidades Tecnológicas de Santander.

Pero no se sabe que indigna más, que Milton Omar Puentes, así se llama el personaje, se presente a este cargo sin sonrojarse o que su nominador, el Director de Tránsito (e), Milciades Flórez, diga que lo nombró, porque cumple con todos los requisitos y no tiene ningún antecedente ni disciplinario ni fiscal. “Presentó una buena hoja de vida”, afirmó Milciades con vehemencia. ¡Valiente concepto de buena hoja de vida! Habría que preguntarles a los gurúes de la administración en qué concepto de buena hoja de vida encaja esta, para tratar de entender al doctor Milciades.

Indigna también la actitud desinteresada del alcalde Bohórquez, quien argumentando la autonomía que tiene cada entidad para nominar, prefiere “reservarse su opinión”. No, Alcalde. No le están pidiendo que opine sobre un nombramiento en Puerto Triunfo. Es su administración la que está en entredicho, por culpa de su permisividad. Ya se la jugó por la Directora de Tránsito, que tuvo que salir por sus investigaciones. No entendemos, o al menos yo, por qué insiste en hacer estas apuestas que tienen un costo político tan grande.

Pero parece que aparte de mí, de algunos concejales y de Transparencia por Santander, a nadie más le indignan estos nombramientos.

Debe ser que ya muy poco queda de la historia en las venas de los santandereanos.

¿A quién no lo enamora la plata?

Casi susurrando y en tono lastimero, Yovanna Guzmán, la que fuera por ocho años amante de Wilber Varela, alias “Jabón”, justifica una y otra vez ante diferentes medios por qué una mujer como ella, despampanante y con una carrera promisoria en el modelaje, terminó convertida en la mujer de un narcotraficante.

Ante el lanzamiento de su libro La bella y el narco, donde da testimonio de la pesadilla que es vivir bajo el yugo de un traqueto, la exmodelo responde en cada rueda de prensa la misma pregunta de la misma manera: ¿pero es que a quién no lo enamora la plata?

“Todos sabemos que él no era muy bonito. Me descrestaba, me trataba como a una princesa y me complacía en todo lo que pedía. Pero era un insensible. La falta de afecto en la niñez hace que uno se apegue a esas cosas. Además, ¿cómo los diamantes no lo van a descrestar a uno?”, afirmó a la revista Semana.

No, señora Yovanna, no todas las mujeres nos vendemos por diamantes, o nos descresta la plata, o nos enamoramos porque nos traten como princesas aunque nos tengan en jaulas de oro.

Mal haría yo en levantar una voz moralista y censurar lo que esta modelo decidió hacer con su vida. Que cada cual haga con su cuerpo lo que a bien tenga. Pero lo que me hace escribir esta columna es reivindicar la condición de mujer.

Que no me venga nadie a decir a estas alturas que la mujer es un ser frágil y desprotegido, que solo sabe que su pareja la trata como una princesita, pero no tiene la más mínima sospecha de que los carros, las joyas y los yates de un amante que ni siquiera terminó el bachillerato, pero en seis años amasó una fortuna, pueden tener un origen ilícito.

No, señora Yovanna. Las mujeres no somos entes voluptuosos que confundimos amor con billetera, y que, por ingenuas, terminamos en la cama de demonios que siempre vimos como ángeles.

Las mujeres hace rato dejamos de ser la decoración que le falta a la sala. Somos seres pensantes y actuantes, que reclamamos cada día nuestro protagonismo en esta sociedad.

Otra cosa es que algunas decidan, por conveniencia, y no por ingenuidad, que su lugar en la sociedad es ser la mujer de un narco.

¿Me permite el bolsito, por favor?

No sé en qué momento de la historia del país todos nos volvimos sospechosos de ser delincuentes. No sé cuál fue ese instante de la evolución económica-jurídica-sociológica nacional en que la presunción de inocencia, consagrada en el artículo 29 de la Constitución, se volvió presunción de culpabilidad: “toda persona se presume ladrona, hasta que demuestre lo contrario”.

O por lo menos esa es la máxima constitucional invertida que aplican muchos porteros de centros comerciales, supermercados, almacenes y edificios públicos, que detienen al visitante de turno para exigirle a la salida la prueba de que no se ha robado nada.

Con un sutil “¿me permite el bolsito, por favor’” o “¿me muestra la facturita, es tan amable?”, el cancerbero de turno disfraza con palabras corteses lo que realmente quiere decir: “¿me abre la cartera, para requisarla y confirmar que no se ha robado nada?” o “¿me muestra que sí pagó por lo que lleva en esas bolsas, no vaya a ser que haya echado algo sin pagar?”. Y todos, como autómatas, abrimos la cartera y demostramos que sí pagamos, y bien caro, por lo que compramos.

Estamos tan acostumbrados a que se roben las cosas, que nos parece lógico, y no nos ofende, que nos exijan demostrar que no somos parte de esa gigantesca banda criminal.

Tan patética y común se ha vuelto esta práctica probatoria, que ahora no basta con mostrar la factura de la inocencia, sino que esta debe recibir el visto bueno del vigilante-fiscal. ¿Se han fijado que en supermercados como Carrefour o Éxito nadie puede salir con sus paquetes si el portero no estampa su visto bueno en la factura? El vigilante exige el documento, lo mira de arriba abajo y se detiene en el total pagado. Luego inspecciona visualmente sus paquetes y en una operación físico-matemática récord concluye que el volumen de lo que usted lleva corresponde al total pagado. Su inocencia queda demostrada y puede seguir disfrutando de su libertad.

Nadie duda que el robo de productos en tiendas ocupa una casilla importante en el estado de pérdidas, pero deberían establecerse otro tipo de mecanismos para evitar estas conductas. Al menos alguno que no presuma que todo el que entra a una tienda, es porque quiere encaletarse algo.

Moral Lechuza

Antes de que me ataquen los defensores de animales, debo dejar en claro que comparto el sentimiento generalizado de que la patada que el jugador del Pereira Luis Moreno le propinó a la lechuza en el Estado Metropolitano de Barranquilla, y que terminó en su muerte, fue un acto deplorable. Pero más deplorable que eso, creo yo, es la subversión de los valores que sufre este país, que quedó en evidencia con este hecho.

La lechuza abriendo todos los noticieros; la lechuza bajo las cámaras, debatiéndose entre la vida y la muerte; la lechuza mostrada una y otra vez sobrevolando la casa del Júnior. Las pancartas en la Plaza de Bolívar de Bogotá, exigiendo la expulsión del verdugo. Los taxistas indignados, la declaración de persona no grata de los pereiranos a su jugador y hasta una solicitud de expulsión del futbol colombiano a tan despiadado asesino. Las redes sociales reventaron de indignación.

Pero ese mismo día, solo un par de horas después, hinchas del Santa Fe apuñalearon a Carlos Eduardo Pulido, de 17 años, porque portaba una gorra y una camiseta de Millonarios. El joven murió. Una familia se destrozó. Y a nadie le importó. No hubo ninguna pancarta. Nadie protestó. Las redes sociales no lo comentaron y la noticia se perdió entre las otras. No fue más que uno de los tantos hinchas asesinados de domingo en cuando.

¿Tan torcida está ya la lógica de nuestros valores, que todo un país se indigna por la muerte de una lechuza, pero ni un ápice le importa la muerte de un menor apuñaleado?

Hace un poco más de un año el jugador del Júnior Javier Flórez mató a un hincha que le increpó por la pérdida de su equipo. Con cuatro balazos, el jugador, hoy en libertad condicional, acalló los insultos del indignado hincha. Y también viene a mi mente El Tigre Castillo, que atropelló y mató a dos hermanas, totalmente borracho, y hoy juega en el Independiente de Avellaneda, en Argentina.

No me acuerdo de ninguna pancarta ni de ningún repudio nacional, ni de que hayan declarado persona no grata a ninguno de los agresores. Ni siquiera de una solicitud de expulsión del club.

Esa es la inversión de los valores que enferma a una sociedad, para la que la muerte de sus otros se volvió paisaje.

¡Qué vergüenza!

No conozco al abogado Ramón Ballesteros. No sé de su trayectoria más allá de que se hizo un nombre como abogado reconocido en Santander, que sonó para Alcalde y Gobernador y que tuvo a su cargo la defensa de Yidis Medina. Pero la imagen del pasado 15 de febrero, donde ante la mirada atónita de los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia fue capturado en plena audiencia, me hizo sentir mucha vergüenza. No solo por él, sino por la profesión.

En un hecho que no tiene antecedentes en la justicia en el país, Ballesteros, quien adelantaba la defensa de Luis Alberto Gil en el proceso que se le sigue por sus presuntos nexos con paramilitares, pasó de ser defensor a acusado. En medio de la audiencia, el ex paramilitar David Hernández López, alias Diego Rivera, mostró un video donde Ballesteros le ofrecía 100.000 dólares, a cambio de modificar su declaración contra Gil. El video, que fue grabado por la DEA en Nueva York, dio vía libre para que cinco policías con sus chaquetas amarillas entraran a esposar a Ballesteros, ante la mirada incrédula de todos los asistentes al máximo recinto de la justicia. Días después, Ballesteros aceptó cargos por soborno.

¿En qué momento un abogado pasa de ser el defensor de los derechos de su apoderado a ocupar el lugar de acusado de un delito? No digo que esté mal que se defienda a personas señaladas como autoras de crímenes, porque, guste o no, hasta el más criminal de los criminales tiene derecho a una defensa justa. Lo que cuestiona es en qué momento un abogado deja de lado la dignidad de la profesión y se presta para ser parte de juegos non sanctos.

Estoy segura de que todos los que acudimos a un aula de Derecho lo hicimos con la convicción de poner las leyes al servicio de la comunidad, de ejercer la profesión de una manera limpia y destacada, pero infortunadamente, hechos como los ocurridos esta semana hacen que la profesión de abogado sea hoy, tristemente, una de la más desprestigiadas.

¿Qué falta? ¿Enseñar ética? ¿O la corrupción es un problema que se metió en el ADN de la sociedad colombiana y no hay remedio para ello? No es posible que un país con juristas con calidades excepcionales y destacadas en el entorno mundial asista a un espectáculo como este.

Ahí es cuando uno como abogado solo puede decir: ¡qué vergüenza!